Juristas por un Sáhara libre
Acaba de celebrarse el 50 aniversario de la proclamación de la REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA (RASD), en los campamentos de refugiados. El acontecimiento ha pasado prácticamente desapercibido en los medios de comunicación y en los pronunciamientos de partidos políticos españoles, con la excepción del Partido Comunista.
Cierto es que el actual mundo convulso -Oriente Medio, Ucrania, etc.- ofrece poco espacio a un conflicto que, afortunadamente, por el momento no produce fascinantes imágenes de ciudades devastadas y niños agonizando por efecto de bombas humeantes. Pero hay algo más, existe el consenso efectivo, aún sin explicitar, de no incomodar al vecino del Sur, Marruecos, país ocupante de los legítimos territorios saharauis en cuyos confines se libra una sorda y desigual guerra de baja intensidad que, desde 2020, protagoniza el Ejército de Liberación del Frente Polisario.
Sin embargo, España tiene una deuda indeleble con el Pueblo saharaui. España sigue siendo hoy en día, en consideración de Naciones Unidas, la potencia colonial de iure del Sáhara Occidental, con una serie de deberes que permanecen incólumes, aunque no los cumpla.
Pero, además, las aspiraciones de libertad de los saharauis cuentan con la fuente de legitimidad del derecho internacional que nuestro gobierno, con el Presidente Pedro Sánchez al frente, viene exigiendo con firmeza para los conflictos entre pueblos y países. Así en el conflicto en Gaza e Israel, en Ucrania, o en la defensa de la labor de la Corte Penal Internacional en la persecución de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero no para el Pueblo del Sáhara Occidental.
Entre tanto, el Pueblo saharaui, confinado en un territorio inhóspito, con una menguante ayuda humanitaria de instituciones y sobre todo de ONGs, sufre unas condiciones materiales de vida durísimas e inaceptables, pese a las cuales mantiene un inquebrantable y unánime respaldo a la resistencia frente al usurpador marroquí y no se doblega a la desesperanza; ansía volver a su tierra sin vasallajes ni tutelas y forma a sus jóvenes para un futuro en paz y libertad en una tierra, bendecida por importantes recursos naturales, que ahora se reparten y trafican los usurpadores y compinches.
En marzo de 2022, Pedro Sánchez expresó por carta a Mohamed VI que consideraba el plan marroquí de autonomía de 2007 «la propuesta más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto, abandonando la tradicional posición española de neutralidad, plegándose a los postulados estadounidenses y franceses, sin explicarlo en el Parlamento. España es el único país que tiene prohibida una declaración como la de Sánchez, precisamente porque, entre sus obligaciones de potencia administradora del Sáhara occidental, destaca la de deber desarrollar el gobierno propio del Pueblo saharaui, en el contexto (según la Carta de la ONU), de tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los Pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas. Los que suscribimos estas líneas queremos poner de relieve la grave contradicción de esta postura con el papel de compromiso con la paz y la justicia internacional que le ha deparado el premio de Campeón por el Cambio Global (WE THE PEOPLES), concedido por la fundación de las Naciones Unidas. El derecho internacional no puede, no debe, orillarse por cuestiones de pragmatismo doméstico.
Firman este artículo cuatro juristas más: los magistrados Rafael Fluiters y Blanca Rodríguez, el abogado José Ilidio Nascimento y el fiscal César Estirado.
Observador Saharaui 