En un momento en el que el Sáhara Occidental vuelve a situarse en el centro de la agenda internacional, la reciente declaración conjunta entre Alemania y Marruecos ofrece una oportunidad para analizar, más allá de los titulares, qué está cambiando —y qué no— en la posición europea.
El texto, adoptado en Rabat en el marco del diálogo estratégico bilateral, reafirma el apoyo al proceso de Naciones Unidas y menciona expresamente la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad. Este punto no es menor: sitúa el conflicto dentro del marco jurídico internacional vigente y mantiene como referencia central el papel de la ONU y de su Enviado Personal. Es decir, lejos de avalar soluciones unilaterales, Alemania se mantiene dentro del esquema multilateral que reconoce al Sáhara Occidental como un proceso pendiente de resolución.
En ese mismo marco, el documento recoge una fórmula ya habitual en la diplomacia europea: considera la propuesta de autonomía marroquí como “una base seria y creíble” para las negociaciones. Sin embargo, esta formulación no equivale a un reconocimiento de soberanía. Alemania no reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental ni avala explícitamente una solución cerrada. Lo que hace es situar esa propuesta dentro de un proceso que, según el propio texto, debe conducir a una solución “justa, duradera y mutuamente aceptable” que incluya la autodeterminación del pueblo saharaui.
Ahí está una de las claves del documento. A pesar del lenguaje diplomático, la referencia a la autodeterminación se mantiene. Y no como un elemento simbólico, sino como parte del resultado final del proceso político. Esto implica que, al menos formalmente, la solución del conflicto no puede imponerse sin tener en cuenta la voluntad del pueblo saharaui.
Otro aspecto relevante es lo que el texto no dice. En ningún momento se menciona un cierre del proceso ni se plantea la autonomía como única salida. Tampoco se elimina el marco de Naciones Unidas ni se sustituye por acuerdos bilaterales. Esta ausencia de definiciones cerradas confirma que el conflicto sigue abierto en términos jurídicos y políticos, y que ninguna de las partes puede darlo por resuelto.
Además, Alemania expresa su disposición a facilitar consultas entre las partes en el marco de la ONU. Este punto refuerza la idea de que el proceso sigue siendo, en esencia, negociado y multilateral, y no una cuestión decidida por apoyos individuales o alineamientos estratégicos.
En conjunto, la declaración refleja una tendencia que se repite en varios actores internacionales: mayor presión para avanzar hacia una solución, pero sin romper con el marco legal existente. Es decir, más movimiento diplomático, pero sin un cierre definitivo del conflicto.
Desde esta perspectiva, el acuerdo Alemania–Marruecos no supone un cambio de fondo en el estatus del Sáhara Occidental. Más bien confirma que, pese a las dinámicas geopolíticas y a los intentos de redefinir el conflicto, el núcleo del problema sigue siendo el mismo: un proceso de descolonización pendiente, cuya resolución pasa necesariamente por una solución que tenga en cuenta el derecho internacional y la voluntad del pueblo saharaui.
En otras palabras, el lenguaje puede evolucionar, pero el marco jurídico sigue ahí. Y con él, la cuestión de fondo: el Sáhara Occidental no está resuelto.