La expansión de infraestructuras, empresas extranjeras, proyectos energéticos y actividades turísticas en el Sáhara Occidental ocupado está contribuyendo a consolidar sobre el terreno una apariencia de normalidad económica que no modifica el estatuto jurídico internacional del territorio, según un amplio reportaje publicado por El Periódico.
El profesor de Derecho Internacional Juan Soroeta advierte de que Marruecos intenta «normalizar una ocupación que el derecho internacional no reconoce» mediante inversiones, infraestructuras y actividades económicas desarrolladas en el territorio. El jurista recuerda que el Sáhara Occidental continúa teniendo un estatuto separado y distinto de Marruecos y que la explotación de sus recursos no puede realizarse al margen del consentimiento del pueblo saharaui.
Soroeta cuestiona también el argumento de que estas inversiones benefician a la población del territorio. Señala que no puede confundirse a la población actualmente residente en las zonas ocupadas con el pueblo saharaui, titular del derecho a la autodeterminación, y sostiene que los saharauis apenas controlan las actividades económicas desarrolladas allí ni han dado su consentimiento para la explotación de sus recursos.
La normalización alcanza igualmente al turismo. Dajla y otras zonas del Sáhara Occidental son promocionadas internacionalmente como destinos marroquíes, mientras plataformas turísticas, aerolíneas y operadores económicos contribuyen a borrar de la oferta cualquier referencia al territorio saharaui. Para Soroeta, estas actividades vuelven a presentar como normal una situación que continúa jurídicamente sin resolver.
El reportaje aborda finalmente la presión migratoria sobre España. Soroeta considera que Marruecos utiliza la gestión de sus fronteras como herramienta política y resume esa capacidad afirmando que Rabat abre y cierra «el grifo de la inmigración» según sus intereses, entre ellos la búsqueda de apoyos a sus posiciones sobre el Sáhara Occidental.