La exclusión de los solicitantes de apatridia del proceso de regularización en España abre una nueva fase: la judicial.
Abogados saharauis han anunciado que presentarán solicitudes para forzar una respuesta del Gobierno y recurrirla en los tribunales si es denegada.
El objetivo es claro: trasladar el debate del terreno político al jurídico.
La clave estará en determinar si esta exclusión supone un trato discriminatorio, ya que la mayoría de solicitantes de apatridia en España son saharauis.
Además, el problema no es solo el decreto. Los procedimientos de apatridia pueden durar años, dejando a las personas afectadas sin derechos efectivos durante ese tiempo.
Si los recursos avanzan, el caso podría llegar al Tribunal Supremo o incluso al Constitucional.
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