La autodenominada Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) afronta un embargo por 4.887,31 euros derivado de la ejecución de las costas del procedimiento judicial que promovió durante años contra el secretario general del Frente POLISARIO, Brahim Ghali. Según publica El Cierre Digital, un decreto fechado el 28 de agosto y notificado el 3 de septiembre permite actuar sobre saldos bancarios de la asociación y sobre posibles derechos de crédito frente a la Agencia Tributaria.
La querella de ASADEDH se remontaba a 2007 y atribuía a Ghali y a otros dirigentes saharauis graves delitos presuntamente cometidos entre 1975 y 1990. La Audiencia Nacional acordó en febrero de 2022 el sobreseimiento libre respecto a Ghali y el Tribunal Supremo confirmó el archivo en mayo de 2024, al considerar superados los plazos de prescripción aplicables. El Supremo desestimó además el recurso de ASADEDH y condenó a la asociación al pago de las costas, origen de la ejecución económica que ahora se conoce.
El caso arrastra un importante trasfondo político. Un informe reservado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fechado el 24 de junio de 2021 sostuvo que Marruecos había desplegado durante la estancia de Ghali en España una ofensiva judicial y mediática destinada a presionar al Gobierno español. En ese documento, el CNI afirmó que ASADEDH estaba “dirigida por la DGED a través de su presidente, Ramdan Mesaud Larbi”, en referencia al servicio de inteligencia exterior marroquí.
La trayectoria de su presidente añade contexto a aquella valoración de la inteligencia española. Ramdan Mesaud, antiguo miembro del Frente POLISARIO, fue nombrado por Mohamed VI en marzo de 2006 integrante del Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara (CORCAS). Apenas año y medio después, ASADEDH presentó la querella contra Ghali y otros dirigentes del POLISARIO que, tras años de recorrido judicial, terminó archivada y con una condena en costas cuya ejecución desemboca ahora en el embargo publicado.