La visita de la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, a Rabat y el comunicado conjunto con el ministro marroquí Nasser Bourita vuelven a evidenciar una contradicción que se repite en la política europea hacia el Sáhara Occidental: el refuerzo de la relación estratégica con Marruecos mientras se mantiene, al menos en el plano formal, el marco jurídico internacional de la descolonización.
El comunicado difundido por el Servicio Europeo de Acción Exterior subraya en primer lugar la “profundidad” y el carácter “estratégico” de la relación entre la Unión Europea y Marruecos, con la voluntad explícita de elevarla a un nuevo nivel mediante una futura “Asociación Estratégica e Integral”. Este refuerzo político, económico y en materia de seguridad sitúa a Marruecos como un socio prioritario en el espacio euro-mediterráneo, en un contexto marcado por tensiones regionales y por la creciente competencia geopolítica.
Sin embargo, es en el apartado dedicado al Sáhara Occidental donde emerge una ambigüedad que no es nueva, pero que resulta cada vez más visible. La Unión Europea reafirma su apoyo al proceso liderado por Naciones Unidas y a la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad, insistiendo en la necesidad de una “solución justa, duradera y mutuamente aceptable” que contemple la autodeterminación del pueblo saharaui. Al mismo tiempo, introduce como “base” de las negociaciones la propuesta de autonomía presentada por Marruecos.
Este doble lenguaje —jurídico por un lado, político por otro— refleja una línea de equilibrio que la UE mantiene desde hace años, pero que plantea interrogantes. Por una parte, el Sáhara Occidental sigue siendo considerado por Naciones Unidas un territorio pendiente de descolonización. Por otra, la creciente centralidad de la propuesta marroquí en el discurso europeo desplaza progresivamente otras opciones, especialmente la del referéndum de autodeterminación contemplado en el mandato original de la MINURSO.
El comunicado va más allá de una simple referencia diplomática. La UE “acoge con satisfacción” la disposición de Marruecos a dialogar sobre su plan de autonomía y se muestra dispuesta a facilitar consultas en ese marco. En la práctica, esto supone otorgar un peso político creciente a una propuesta que no ha sido aceptada por la otra parte del conflicto, el Frente Polisario, reconocido por Naciones Unidas como representante del pueblo saharaui.
Este posicionamiento se produce, además, en paralelo a un refuerzo general de la cooperación con Marruecos en ámbitos clave como la seguridad, la migración o la estabilidad regional. La cuestión del Sáhara Occidental aparece así integrada en una lógica más amplia, donde los equilibrios estratégicos parecen ganar terreno frente a las consideraciones estrictamente jurídicas.
La consecuencia es una tensión de fondo que atraviesa toda la política europea en este dossier: la afirmación del respeto al derecho internacional y al mismo tiempo la adaptación progresiva a una realidad política que favorece a Marruecos. Una tensión que no resuelve el conflicto, pero que contribuye a redefinir los términos en los que se presenta en el escenario internacional.