La asociación Coexphal ha pedido revisar el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos para asegurar competencia justa entre productores. No busca romper la relación comercial, sino mejorar estándares medioambientales y fitosanitarios, especialmente en relación con el Sáhara Occidental.
La asociación almeriense Coexphal ha reclamado una revisión profunda del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos para garantizar condiciones de competencia equivalentes entre los productores europeos y las importaciones procedentes del país norteafricano.
La organización asegura que no reclama romper las relaciones comerciales con Marruecos, sino reforzar las exigencias medioambientales, fitosanitarias, laborales y de trazabilidad. Entre sus preocupaciones incluye expresamente la falta de garantías para evitar que productos procedentes del Sáhara Occidental se beneficien de las mismas preferencias comerciales concedidas a las exportaciones marroquíes.
Coexphal sostiene además que existen problemas relacionados con el cumplimiento de contingentes, aranceles y requisitos fitosanitarios. La referencia específica al Sáhara Occidental vuelve a introducir el territorio en el debate agrícola europeo sobre el alcance y aplicación de los acuerdos comerciales con Marruecos.
La crisis de Ceuta ha dificultado la ratificación del acuerdo comercial UE-Marruecos que afecta productos del Sáhara Occidental. El clima político negativo y las críticas amenazan su aprobación, mientras el pacto sigue en aplicación provisional y se reabre el debate legal.
La crisis de Ceuta ha complicado en el Parlamento Europeo la ratificación del nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos que extiende las preferencias arancelarias a productos procedentes del Sáhara Occidental bajo control marroquí. Según informa este lunes Infobae, el deterioro del clima político hacia Rabat ha llevado a aplazar una votación que, en las condiciones actuales, se prevé muy ajustada.
El acuerdo fue firmado en octubre de 2025 y se aplica provisionalmente mientras espera completar el procedimiento para su entrada en vigor definitiva. El texto permite que productos originarios del Sáhara Occidental y sometidos al control aduanero marroquí reciban las mismas preferencias comerciales que los productos cubiertos por el acuerdo de asociación UE-Marruecos. La propia decisión europea señala que este nuevo marco fue negociado después de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de octubre de 2024.
Aquellas sentencias establecieron que los acuerdos de 2019 aplicados al Sáhara Occidental se habían concluido sin el consentimiento del pueblo saharaui y vulneraban los principios de autodeterminación y efecto relativo de los tratados. El Tribunal precisó, no obstante, que ese consentimiento podría presumirse bajo determinadas condiciones, entre ellas que el pueblo saharaui recibiera un beneficio específico, tangible, sustancial y verificable. El Frente POLISARIO ha recurrido también el nuevo acuerdo de 2025 ante el Tribunal General de la UE.
Infobae señala que el cambio de clima en la Eurocámara tras los acontecimientos de Ceuta, unido a las críticas existentes sobre la negociación del acuerdo y a la oposición de organizaciones agrarias europeas, amenaza ahora con bloquear su ratificación. El pacto continúa mientras tanto en aplicación provisional, por lo que la batalla política y jurídica sobre el comercio de productos procedentes del Sáhara Occidental vuelve a quedar abierta en las instituciones europeas.
Jadiyetu El Mohtar, en La Voz de Galicia, analiza la dependencia de la UE hacia Marruecos en migración y seguridad. Advierte sobre la necesidad de cooperación sin llegar a la dependencia, destacando el Sáhara Occidental.
La diplomática saharaui Jadiyetu El Mohtar analiza este domingo en La Voz de Galicia las consecuencias de la dependencia que la Unión Europea ha construido durante años respecto a Marruecos en ámbitos como la migración, la seguridad, la información y las relaciones económicas.
Partiendo de los acontecimientos registrados en Ceuta a finales de julio, El Mohtar sostiene que Europa debe dejar de contemplar por separado la presión migratoria, la influencia política, las acusaciones de espionaje o la cooperación en materia de seguridad y examinar el conjunto como un problema estratégico. Su conclusión es clara: la cooperación con Marruecos resulta necesaria, pero no puede convertirse en dependencia.
La autora introduce además el Sáhara Occidental en el centro de esa reflexión. Recuerda las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconocen al territorio un estatuto separado y distinto del de Marruecos y señala la contradicción entre la defensa europea del Estado de derecho y los esfuerzos políticos por preservar la relación con Rabat incluso cuando entra en tensión con las decisiones de sus propios tribunales.
Mohamed Galiani, subdelegado del Frente POLISARIO en Navarra, advierte que Marruecos podría explotar las divisiones entre los Estados miembros de la UE, afectando inmigración, fronteras y relaciones económicas del continente.
El subdelegado del Frente POLISARIO en Navarra, Mohamed Galiani, advierte de que Marruecos puede aprovechar las diferencias entre los Estados miembros para aumentar su capacidad de influencia sobre la Unión Europea. Lo plantea en una carta publicada este domingo por Diario de Noticias de Navarra.
Galiani señala especialmente la inmigración, las fronteras, las relaciones económicas y el Sáhara Occidental como ámbitos susceptibles de convertirse en instrumentos de presión política. A su juicio, cuando los países europeos negocian por separado mientras la Unión carece de una respuesta común, Europa pierde fuerza y credibilidad.
El representante saharaui considera particularmente preocupante que cuestiones que afectan a las fronteras de un Estado miembro terminen tratándose como problemas bilaterales, pese a que también tienen consecuencias para el conjunto de la Unión. En ese contexto, sostiene que Marruecos puede utilizar las contradicciones internas europeas en beneficio propio.
Galiani concluye que el desafío para la UE no consiste únicamente en decidir cómo responder a Marruecos, sino también en evitar que un país tercero pueda aprovechar los distintos intereses nacionales para debilitar la solidaridad entre los Estados miembros.
Dirigentes europeos advierten sobre un «ataque» en la crisis de Ceuta, cuestionan la cooperación con Marruecos y reclaman respuestas coordinadas ante la instrumentalización migratoria.
Una carta firmada por Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Mette Frederiksen, Petteri Orpo, Donald Tusk y otros dirigentes europeos describe lo ocurrido como un «ataque», incluye la instrumentalización migratoria entre las amenazas híbridas y reclama evaluar la eficacia de la cooperación de la Unión Europea con Rabat.
La crisis de Ceuta ha dado un nuevo salto político en Europa. Una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, António Costa; a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y a la presidencia irlandesa del Consejo de la UE utiliza un lenguaje que sitúa los acontecimientos mucho más allá de una simple crisis migratoria.
Entre los firmantes figuran dirigentes como Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Mette Frederiksen, Petteri Orpo y Donald Tusk, junto a responsables de numerosos Estados miembros. La presencia de algunos gobiernos que habían reaccionado con especial dureza ante la gestión española de la crisis resulta significativa: pese a sus diferencias con Madrid, el documento reconoce que Ceuta forma parte de la frontera exterior de la Unión y que su protección constituye una responsabilidad europea compartida.
La carta sostiene que la reciente sentencia del Tribunal Supremo español «ha sido utilizada para desencadenar este ataque» y, unas líneas después, introduce una expresión especialmente relevante:
«No podemos permitir cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas».
La formulación supone un cambio importante en la caracterización política de lo sucedido. Los firmantes ya no hablan únicamente de inmigración irregular: sitúan expresamente la instrumentalización de la migración dentro del ámbito de las amenazas híbridas.
El documento no identifica, sin embargo, al responsable de esa instrumentalización. Marruecos aparece posteriormente cuando los dirigentes europeos celebran la cooperación entre Madrid y Rabat para devolver a quienes cruzaron la frontera y, sobre todo, cuando reclaman que los ministros del Interior examinen «la eficacia de la cooperación de la UE con Marruecos».
La secuencia resulta significativa: Europa habla de ataque, de instrumentalización migratoria y de amenazas híbridas, al mismo tiempo que plantea revisar la eficacia de una cooperación fronteriza con Marruecos de la que depende buena parte de su política migratoria en el Mediterráneo occidental.
Los firmantes reclaman ahora una reunión extraordinaria de los ministros del Interior y una respuesta europea coordinada, incluido un posible refuerzo de Frontex. También advierten de que podrían reintroducirse temporalmente controles en las fronteras interiores si se produjeran movimientos secundarios hacia otros Estados miembros.
La carta no acusa formalmente a Marruecos de haber provocado la crisis. Pero sí introduce una cuestión que será difícil eludir en el debate europeo: si lo ocurrido en Ceuta constituye una amenaza híbrida basada en la instrumentalización de la migración, habrá que determinar quién dispone de la capacidad para utilizar esa herramienta y con qué objetivos.
Fuente: Carta de dirigentes europeos a António Costa, Ursula von der Leyen y la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea sobre la crisis de Ceuta, 1 de agosto de 2026.
El Parlamento Europeo aprobó un protocolo que adapta el Acuerdo Euromediterráneo de Aviación con Marruecos tras la incorporación de Croacia. Aunque la legislación prohíbe vuelos al Sáhara Occidental, varias aerolíneas operan rutas hacia allí. Western Sahara Resource Watch exige que la Comisión Europea actúe contra estas prácticas ilegales.
Pie de foto: Un avión de Binter despega del aeropuerto de Dajla ocupada con destino a las islas Canarias, en una imagen tomada en 2024. Foto: Maria Klenner / Western Sahara Resource Watch.
El Parlamento Europeo aprueba una adaptación técnica por la incorporación de Croacia mientras la Comisión no impide que aerolíneas europeas operen fuera del marco jurídico del acuerdo
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 8 de julio el protocolo que adapta el Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Unión Europea y Marruecos a la incorporación de Croacia. La modificación, respaldada por 625 votos a favor, 16 en contra y 20 abstenciones, tiene un carácter estrictamente técnico y no altera el ámbito territorial del acuerdo, que continúa sin incluir al Sáhara Occidental.
La jurisprudencia europea ha establecido que los acuerdos celebrados con Marruecos no pueden aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui. En noviembre de 2018, la justicia europea concluyó específicamente que el acuerdo de aviación no podía interpretarse como aplicable al territorio, separado y distinto de Marruecos conforme al Derecho Internacional.
La propia Comisión Europea comunicó a las compañías aéreas que el acuerdo UE-Marruecos no cubre las rutas entre un Estado miembro y el Sáhara Occidental. Sin embargo, varias aerolíneas han mantenido o abierto conexiones con los aeropuertos del territorio ocupado. Western Sahara Resource Watch señala, entre ellas, a Ryanair, Binter, Transavia y Air Arabia, además de la compañía estatal marroquí Royal Air Maroc.
La legalidad está definida, pero la práctica sigue contradiciéndola. La continuidad de vuelos europeos a Dajla ocupada, sin un marco jurídico que los ampare y sin el consentimiento del pueblo saharaui, contribuye además a presentar el territorio como una extensión de Marruecos. Western Sahara Resource Watch reclama que la Comisión transforme sus reiteradas declaraciones jurídicas en medidas efectivas frente a las compañías que continúan operando estas rutas.
Fuente: Western Sahara Resource Watch, Parlamento Europeo y jurisprudencia de la Unión Europea.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos enfrenta obstáculos políticos y jurídicos, especialmente por la inclusión de productos del Sáhara Occidental. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sugiere la necesidad de consentimiento del pueblo saharaui, complicando su ratificación en el Parlamento Europeo.
Diversos análisis publicados en medios y círculos especializados europeos apuntan a que la ratificación definitiva del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos podría enfrentarse a importantes obstáculos políticos y jurídicos, especialmente por la inclusión de productos procedentes del Sáhara Occidental.
El debate gira en torno a la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha insistido en que el Sáhara Occidental posee un estatuto separado y distinto de Marruecos y que cualquier acuerdo que afecte al territorio requiere el consentimiento de su pueblo. Esta situación ha generado dudas sobre la viabilidad de determinadas soluciones adoptadas por la Comisión Europea para mantener provisionalmente el marco comercial.
Según estas interpretaciones, la futura votación en el Parlamento Europeo podría resultar especialmente ajustada, en un contexto en el que algunos eurodiputados y juristas cuestionan tanto el procedimiento seguido como su compatibilidad con el derecho europeo e internacional. El desenlace podría tener consecuencias relevantes para las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Marruecos.
El análisis considera que la evolución del expediente confirma que la cuestión del Sáhara Occidental sigue planteando importantes desafíos jurídicos dentro de las instituciones europeas y que el respeto al consentimiento del pueblo saharaui continúa siendo uno de los elementos centrales del debate.
Un informe del portal Tomate Sahraouie revela que la agricultura intensiva en el Sáhara Occidental ocupado, impulsada por Marruecos, se destina mayormente a Europa, generando preocupaciones sobre explotación económica y su impacto ambiental en el desierto.
EL OBSERVADOR SAHARAUI | BREVE
Un análisis publicado por el portal francés Tomate Sahraouie denuncia que la agricultura intensiva impulsada por Marruecos en el Sáhara Occidental ocupado continúa expandiéndose con el objetivo de abastecer principalmente a los mercados europeos.
Según el artículo, cerca del 90% de la producción de tomate cultivada en el territorio ocupado se exporta a países de la Unión Europea. Los autores sostienen que esta actividad forma parte de una estrategia más amplia de explotación económica del Sáhara Occidental y alertan sobre el impacto ambiental derivado de la expansión de grandes explotaciones agrícolas en pleno desierto.
El informe utiliza imágenes satelitales recientes para mostrar que numerosas instalaciones agrícolas situadas en los alrededores de Dajla continúan operativas y en plena producción. También advierte sobre la construcción de nuevos proyectos agrícolas que dependerán de agua procedente de plantas desalinizadoras actualmente en desarrollo.
Los autores cuestionan además el papel de varias cadenas europeas de distribución alimentaria que comercializan productos procedentes del territorio ocupado bajo etiquetados asociados a Marruecos, pese a la existencia de resoluciones judiciales europeas que reconocen el estatus separado y distinto del Sáhara Occidental.
La agricultura intensiva se ha convertido en uno de los sectores económicos más importantes desarrollados por Marruecos en el territorio ocupado durante las últimas décadas, junto con la explotación de fosfatos, la pesca y los proyectos energéticos.
Dimiter Tzantchev relaciona los acontecimientos de Smara con la resolución 2797 y la autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
El representante de la Unión Europea, Dimiter Tzantchev, afirmó este jueves que “ahora no es el momento de la escalada, sino de la negociación”, tras los acontecimientos registrados cerca de Smara, y defendió la resolución 2797 del Consejo de Seguridad “tomando como base el plan marroquí de autonomía”.
El mensaje, difundido en redes sociales, refleja hasta qué punto parte de la diplomacia internacional está consolidando progresivamente un marco político que presenta la propuesta marroquí como punto de partida casi inevitable para cualquier solución futura del conflicto del Sáhara Occidental.
Sin embargo, la propia resolución 2797 reafirma también el principio de autodeterminación del pueblo saharaui y no reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio. Naciones Unidas sigue considerando el Sáhara Occidental un territorio pendiente de descolonización conforme al derecho internacional.
En los últimos días, tanto Estados Unidos como distintos actores diplomáticos occidentales han intensificado las referencias a la autonomía marroquí tras AFRICAN LION, la visita estadounidense a Dajla y los acontecimientos registrados cerca de Smara, mientras el Frente Polisario denuncia crecientes intentos de imponer una solución predeterminada al conflicto.
If negotiations already start from the assumption that Moroccan sovereignty is irreversible, then self-determination becomes meaningless.
Western Sahara remains a decolonization issue under international law.
— Sáhara Occidental | NoTeOlvides 🇪🇭 (@Sahara_1951) May 8, 2026
La Unión Europea y Francia mantienen una posición ambigua en el Sáhara Occidental, entre el respeto al derecho internacional y los intereses estratégicos en la región.
El papel de Francia y de la Unión Europea en el Sáhara Occidental refleja una tensión constante: el equilibrio entre el respeto al derecho internacional y los intereses políticos, económicos y estratégicos en el norte de África.
En el conflicto del Sáhara Occidental, Europa ocupa una posición singular. A diferencia de Estados Unidos, cuya actuación responde principalmente a criterios geopolíticos, la Unión Europea está formalmente vinculada a un marco jurídico que reconoce al territorio como pendiente de descolonización.
Sin embargo, esa base legal convive con una práctica política más ambigua. En el caso de Francia, su apoyo a Marruecos ha sido constante en el ámbito diplomático, especialmente en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde París ha actuado en numerosas ocasiones como un aliado clave de Rabat.
En el ámbito comunitario, la situación no es menos compleja. La Unión Europea ha tenido que adaptar sus acuerdos comerciales con Marruecos tras diversas sentencias del Tribunal de Justicia que excluyen explícitamente al Sáhara Occidental de dichos acuerdos. Estas decisiones han obligado a redefinir instrumentos jurídicos, evidenciando la tensión entre legalidad y práctica política.
Este equilibrio inestable se traduce en una posición europea que oscila entre el reconocimiento formal del marco jurídico internacional y la defensa de relaciones estratégicas con Marruecos. La política migratoria, la cooperación en materia de seguridad y los intereses económicos influyen directamente en esta postura.
El resultado es una ambigüedad estructural. Europa no puede ignorar el derecho internacional sin contradecir sus propios principios, pero tampoco parece dispuesta a adoptar una posición que altere sus equilibrios políticos en la región.
Europa no decide el conflicto, pero condiciona su evolución. La tensión entre derecho e intereses explica una posición que, más que resolver, contribuye a mantener el statu quo.
La visita de la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, a Rabat y el comunicado conjunto con el ministro marroquí Nasser Bourita vuelven a evidenciar una contradicción que se repite en la política europea hacia el Sáhara Occidental: el refuerzo de la relación estratégica con Marruecos mientras se mantiene, al menos en el plano formal, el marco jurídico internacional de la descolonización.
El comunicado difundido por el Servicio Europeo de Acción Exterior subraya en primer lugar la “profundidad” y el carácter “estratégico” de la relación entre la Unión Europea y Marruecos, con la voluntad explícita de elevarla a un nuevo nivel mediante una futura “Asociación Estratégica e Integral”. Este refuerzo político, económico y en materia de seguridad sitúa a Marruecos como un socio prioritario en el espacio euro-mediterráneo, en un contexto marcado por tensiones regionales y por la creciente competencia geopolítica.
Sin embargo, es en el apartado dedicado al Sáhara Occidental donde emerge una ambigüedad que no es nueva, pero que resulta cada vez más visible. La Unión Europea reafirma su apoyo al proceso liderado por Naciones Unidas y a la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad, insistiendo en la necesidad de una “solución justa, duradera y mutuamente aceptable” que contemple la autodeterminación del pueblo saharaui. Al mismo tiempo, introduce como “base” de las negociaciones la propuesta de autonomía presentada por Marruecos.
Este doble lenguaje —jurídico por un lado, político por otro— refleja una línea de equilibrio que la UE mantiene desde hace años, pero que plantea interrogantes. Por una parte, el Sáhara Occidental sigue siendo considerado por Naciones Unidas un territorio pendiente de descolonización. Por otra, la creciente centralidad de la propuesta marroquí en el discurso europeo desplaza progresivamente otras opciones, especialmente la del referéndum de autodeterminación contemplado en el mandato original de la MINURSO.
El comunicado va más allá de una simple referencia diplomática. La UE “acoge con satisfacción” la disposición de Marruecos a dialogar sobre su plan de autonomía y se muestra dispuesta a facilitar consultas en ese marco. En la práctica, esto supone otorgar un peso político creciente a una propuesta que no ha sido aceptada por la otra parte del conflicto, el Frente Polisario, reconocido por Naciones Unidas como representante del pueblo saharaui.
Este posicionamiento se produce, además, en paralelo a un refuerzo general de la cooperación con Marruecos en ámbitos clave como la seguridad, la migración o la estabilidad regional. La cuestión del Sáhara Occidental aparece así integrada en una lógica más amplia, donde los equilibrios estratégicos parecen ganar terreno frente a las consideraciones estrictamente jurídicas.
La consecuencia es una tensión de fondo que atraviesa toda la política europea en este dossier: la afirmación del respeto al derecho internacional y al mismo tiempo la adaptación progresiva a una realidad política que favorece a Marruecos. Una tensión que no resuelve el conflicto, pero que contribuye a redefinir los términos en los que se presenta en el escenario internacional.
