La situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental vuelve a recordar una cuestión esencial: la protección de la población saharaui no puede depender únicamente de la evolución del proceso político ni quedar aplazada hasta que exista una solución definitiva al conflicto.
Las denuncias sobre restricciones de libertades, represalias contra activistas, aislamiento de presos, dificultades de contacto con sus familias y otras vulneraciones mantienen abierta la necesidad de reforzar los mecanismos internacionales de vigilancia y protección en el territorio.
La responsabilidad recae también sobre Naciones Unidas y sobre el conjunto de la comunidad internacional. La defensa de los derechos fundamentales del pueblo saharaui debe abordarse como una obligación presente, al margen de los ritmos diplomáticos y de las negociaciones sobre el futuro político del Sáhara Occidental.
Mientras continúe pendiente la descolonización, preservar esos derechos y garantizar mecanismos eficaces de protección seguirá siendo una responsabilidad internacional.
EL OBSERVADOR SAHARAUI