No. La posible adquisición de la nacionalidad española por una persona saharaui y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui pertenecen a planos jurídicos diferentes. La primera afecta a la situación individual de una persona; el segundo es un derecho colectivo reconocido al pueblo del Sáhara Occidental en el marco del proceso de descolonización.
La ley aprobada por el Congreso regula precisamente la concesión de la nacionalidad española a determinadas personas saharauis vinculadas al periodo en que el Sáhara Occidental estuvo bajo administración española. Su objeto es establecer quién puede solicitarla, mediante qué procedimiento y con qué documentos. El propio Congreso explica que la norma pretende responder a la «vinculación con España de la población saharaui».
Obtener un DNI o un pasaporte español no supone renunciar a la identidad saharaui ni convierte la nacionalidad española en una solución para el Sáhara Occidental. Tampoco modifica por sí misma el estatuto internacional del territorio ni resuelve el proceso de descolonización. De hecho, durante el debate parlamentario distintas intervenciones han diferenciado expresamente la reparación de derechos individuales de la cuestión política pendiente.
Esta distinción resulta especialmente importante porque ambos asuntos aparecen con frecuencia mezclados. Una persona saharaui puede adquirir la nacionalidad española y continuar defendiendo el derecho de su pueblo a decidir su futuro. La concesión de derechos individuales derivados de la relación histórica con España no sustituye el ejercicio de un derecho colectivo ni determina cuál deba ser el futuro político del Sáhara Occidental. Esa misma diferencia ha sido subrayada estos días por voces saharauis que apoyan la ley pero recuerdan que su objetivo nacional continúa siendo la autodeterminación.
Por tanto, la respuesta a la pregunta es clara: nacionalidad y autodeterminación no son alternativas entre las que haya que elegir. La futura ley puede reconocer derechos individuales a saharauis que cumplan sus requisitos, mientras la cuestión del Sáhara Occidental continúa teniendo su propio marco político y jurídico. El texto fue aprobado por el Congreso el 10 de septiembre y remitido al Senado, donde continúa su tramitación.