OBSERVADOR SAHARAUI | Breve: Albares justifica su silencio sobre la muerte de combatientes saharauis y dice apoyar la ley de nacionalidad

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió la posición de España sobre la muerte de tres miembros del Frente Polisario en un ataque atribuido a Marruecos, destacando que ningún organismo internacional se ha pronunciado al respecto. Afirmó la importancia de mantener buenas relaciones con Marruecos. ERC criticó el silencio del Gobierno.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió este miércoles en el Congreso la decisión del Gobierno español de no pronunciarse sobre la muerte de tres miembros del Frente Polisario en un ataque atribuido a Marruecos ocurrido el pasado 7 de junio cerca del muro militar que divide el Sáhara Occidental.

Durante una pregunta formulada por ERC en la sesión de control al Gobierno, Albares argumentó que ni Naciones Unidas, ni la Unión Europea, ni ningún otro Estado se han pronunciado oficialmente sobre los hechos. El ministro insistió además en la necesidad de mantener «la mejor relación posible» con Marruecos, al que definió como un vecino con el que España comparte intereses estratégicos de primer orden.

La respuesta provocó críticas del diputado republicano Francesc Marc Álvaro, que acusó al Ejecutivo de aplicar una doble vara de medir y recordó que el Gobierno sí condenó anteriormente ataques atribuidos al Frente Polisario contra posiciones marroquíes en Esmara. ERC cuestionó además el silencio español ante unos hechos que afectaron a dirigentes y combatientes saharauis.

En la misma intervención, Albares aseguró ser «totalmente favorable» a la proposición de ley destinada a facilitar la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española y a sus descendientes. El ministro negó que exista un bloqueo por parte del Gobierno, aunque la iniciativa continúa pendiente de avanzar en su tramitación parlamentaria.

Fuente: Europa Press / EFE

OBSERVADOR | Breve: Sumar quiere aprobar la ley de nacionalidad saharaui antes del verano y apunta a Albares

Sumar quiere acelerar la aprobación de la ley de nacionalidad saharaui antes del verano y sitúa las principales dudas en la posición del PSOE y del ministro Albares.

La ley para facilitar la nacionalidad española a ciudadanos saharauis vuelve a moverse en el Congreso después de meses bloqueada en la Comisión de Justicia. Según publica El Periódico, Sumar aspira ahora a cerrar la ponencia parlamentaria antes del verano, aunque dentro del propio grupo reconocen que las principales dudas siguen situándose en la posición del PSOE y, especialmente, en el papel del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

La propuesta plantea reconocer la nacionalidad por carta de naturaleza a saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976 —cuando el Sáhara Occidental seguía bajo administración española— así como a sus descendientes. Además, busca reducir de diez a dos años el plazo exigido actualmente a personas apátridas para solicitar la nacionalidad por residencia.

El debate vuelve así a situar sobre la mesa una contradicción política cada vez más visible dentro del Gobierno español: mientras sectores del Ejecutivo intentan avanzar en el reconocimiento jurídico y administrativo hacia los saharauis, la política exterior impulsada desde Exteriores continúa profundamente condicionada por el giro diplomático de 2022 hacia Marruecos.

Nacionalidad saharaui en España: una ley en marcha y una anomalía que persiste

El Congreso reabre el debate mientras miles de saharauis siguen atrapados en un limbo jurídico.

El debate sobre la nacionalidad saharaui ha vuelto al Congreso. La proposición de ley que busca reconocer —o retornar— la nacionalidad española a personas nacidas en el Sáhara Occidental durante la administración española entra en su fase final de tramitación.

No es un asunto menor. Tampoco es nuevo.

Desde hace décadas, miles de saharauis vinculados a España viven en una situación jurídica difícil de justificar. Personas nacidas bajo administración española o con vínculos familiares directos se enfrentan a procesos largos, a veces de más de diez años, para acceder a una nacionalidad que, en otros contextos, se reconoce en plazos mucho más cortos.

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La ley en discusión introduce dos elementos clave: por un lado, el reconocimiento de una realidad histórica —la relación jurídica entre España y el Sáhara Occidental— y, por otro, la reducción de los plazos para solicitar la nacionalidad, equiparándolos a los de otros colectivos con vínculos históricos con España.

Pero el debate no es solo jurídico. Es político.

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Las posiciones de los partidos siguen siendo cambiantes, con apoyos cruzados y contradicciones que reflejan una dificultad de fondo: abordar el Sáhara Occidental como una cuestión de Estado sin que intervengan otros factores, desde la política exterior hasta la relación con Marruecos.

En ese contexto, la situación de miles de saharauis en España sigue marcada por la espera. Procesos de apatridia, dificultades administrativas y limitaciones prácticas forman parte de una realidad que contrasta con el discurso oficial sobre derechos y memoria.

La ley puede corregir parte de esa anomalía.
Pero también pone sobre la mesa algo más incómodo.

La relación entre España y el Sáhara Occidental no está cerrada.
Sigue teniendo consecuencias jurídicas.

Y siguen afectando a personas concretas.

Nacionalidad saharaui: qué puede cambiar realmente en España y qué sigue sin resolverse

El debate sobre la nacionalidad para los saharauis ha vuelto al Congreso y se ha situado en el centro de la agenda política. Sin embargo, más allá del titular, la cuestión clave sigue siendo qué puede cambiar realmente para los saharauis y qué aspectos de fondo continúan sin abordarse.

La reactivación de la iniciativa sobre la nacionalidad para los saharauis nacidos bajo administración española ha abierto una expectativa política evidente. Por primera vez en años, el Congreso vuelve a debatir una cuestión directamente vinculada con la relación histórica y jurídica entre España y el Sáhara Occidental.

En términos prácticos, la medida podría facilitar el acceso a la nacionalidad española a una parte de la población saharaui, especialmente a quienes nacieron durante la etapa en la que el territorio era considerado provincia española. Se trataría, en ese sentido, de una respuesta parcial a una situación jurídica que sigue generando inseguridad y desigualdad.

Sin embargo, el alcance real de la iniciativa es limitado. La concesión de la nacionalidad no resuelve la cuestión central del Sáhara Occidental como territorio pendiente de descolonización, ni sustituye las obligaciones jurídicas derivadas de ese proceso. Es, en todo caso, una medida de carácter interno que actúa sobre las consecuencias, pero no sobre la causa.

El propio debate político refleja esa tensión. Mientras algunas fuerzas lo presentan como un avance en derechos, otras voces —incluidas las saharauis— insisten en que el eje principal no es la nacionalidad, sino la responsabilidad de España en la conclusión del proceso de descolonización.

En paralelo, decisiones recientes como la exclusión de los saharauis en determinados procesos de regularización han reactivado el debate sobre el tratamiento jurídico diferenciado que reciben. Esta contradicción —entre reconocimiento parcial de derechos y limitaciones prácticas— vuelve a situar el foco en la falta de una política coherente.

En este contexto, la iniciativa en el Congreso abre una puerta, pero también evidencia sus límites. Puede mejorar situaciones individuales, pero no altera el marco político ni jurídico del conflicto.

Así, la pregunta clave no es solo quién puede obtener la nacionalidad española, sino qué papel está dispuesto a asumir España en relación con el Sáhara Occidental. Y esa cuestión, por ahora, sigue sin respuesta.

Carlos C. garcía – Plataforma NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL