La investigadora y activista portuguesa sostiene que la carretera, el futuro puerto y las concesiones energéticas no son proyectos aislados, sino piezas de una estrategia destinada a integrar el territorio ocupado en intereses marroquíes, estadounidenses e israelíes. – LECTURA COMENTADA
El supuesto bautizo de la carretera Tiznit-Dajla con el nombre de Donald Trump puede parecer una nueva extravagancia diplomática de Mohamed VI. Isabel Lourenço propone, sin embargo, mirar más allá del homenaje y situar la infraestructura dentro de una operación económica y geopolítica mucho más amplia.
En una extensa contribución publicada el 28 de julio, la investigadora del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Oporto analiza la conexión entre la carretera, el futuro Puerto Atlántico de Dajla y las actividades energéticas promovidas en las aguas del Sáhara Occidental ocupado. Su conclusión es clara: no estamos ante proyectos independientes, sino ante una arquitectura destinada a producir hechos consumados y presentar la ocupación como irreversible.
Lourenço presta especial atención al significado de colocar el nombre de Trump sobre una vía que atraviesa El Aaiún, Bojador y Dajla. La toponimia, recuerda, nunca es neutral en un territorio colonial. Nombrar carreteras, puertos o ciudades sirve también para reclamar el espacio, imponer un relato de soberanía y borrar la condición anterior del territorio.
El nombre de Trump convertiría así el reconocimiento estadounidense de diciembre de 2020 en una presencia material sobre el terreno. La proclamación no modificó el estatuto jurídico del Sáhara Occidental, pero ofreció a Rabat una cobertura política que Marruecos utiliza para atraer inversiones, construir infraestructuras y normalizar internacionalmente la ocupación.
El eje central del análisis es el Puerto Atlántico de Dajla. La carretera proporciona el corredor terrestre necesario para enlazarlo con las redes marroquíes, las zonas industriales y los proyectos agrícolas, pesqueros y energéticos previstos alrededor del complejo. Marruecos quiere presentarlo además como salida al océano para los países del Sahel, convirtiendo la dependencia logística en una forma indirecta de aceptación de sus pretensiones territoriales.
Lourenço examina también el interés estratégico que un puerto de gran calado en la fachada atlántica africana puede tener para Estados Unidos. La autora no afirma que exista un acuerdo para instalar una base militar en Dajla: reconoce expresamente que no hay pruebas públicas. Sí considera legítimo preguntarse por el posible uso futuro de infraestructuras comerciales con funciones logísticas, de seguridad o de apoyo militar.
El tercer elemento es la participación israelí en la exploración de hidrocarburos frente a las costas ocupadas. El texto recuerda los permisos atribuidos a NewMed Energy y Adarco Energy en el bloque denominado Boujdour Atlantique. Habla correctamente de exploración, no de extracción comercial ya confirmada, pero advierte de que estas concesiones incorporan intereses israelíes a la explotación proyectada de recursos saharauis sin el consentimiento de su pueblo.
La fuerza del análisis reside en unir las piezas: la carretera asegura la continuidad terrestre; el puerto ofrece la plataforma marítima y logística; las concesiones abren el frente energético; y el respaldo estadounidense protege políticamente el conjunto.
Marruecos intenta sustituir el Derecho Internacional por la acumulación de obras, contratos e intereses extranjeros. Primero convierte la ocupación en un inmenso proyecto de construcción. Después presenta ese «desarrollo» como prueba de soberanía.
Pero, como recuerda Isabel Lourenço, una infraestructura no crea un título territorial. Una carretera no sustituye al referéndum, un puerto no reemplaza el consentimiento del pueblo saharaui y una concesión marroquí no entrega derechos sobre unas aguas que no pertenecen a Marruecos.
Lectura completa: Isabel Lourenço, investigadora del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Oporto y especialista en el Sáhara Occidental, 28 de julio de 2026.