Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional, difundida por Noticias de Almería, ha vuelto a poner de relieve las enormes dificultades administrativas y jurídicas que afrontan numerosos saharauis para regularizar su situación en España y acceder al reconocimiento oficial de apatridia.
El caso afecta a una mujer saharaui llegada a España por vía marítima a través de Almería desde los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. La Audiencia Nacional confirmó la negativa del Ministerio del Interior a reconocerle el estatuto de apátrida al considerar que no aportó el denominado pasaporte humanitario expedido por Argelia a refugiados saharauis residentes en su territorio.
La resolución vuelve a mostrar la compleja situación legal de muchos saharauis, atrapados entre documentos emitidos por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), certificados de Naciones Unidas y pasaportes especiales argelinos que no implican necesariamente el reconocimiento de nacionalidad argelina.
El problema va mucho más allá de este caso concreto. Asociaciones saharauis y especialistas en extranjería llevan años denunciando la lentitud, inseguridad jurídica y contradicciones que rodean los procedimientos de apatridia en España, especialmente para personas procedentes de los campamentos saharauis. En muchos casos, los solicitantes permanecen durante años en una situación administrativa precaria mientras intentan demostrar precisamente que ningún Estado les reconoce plenamente como ciudadanos.
La cuestión tiene además una dimensión histórica y política especialmente sensible. Buena parte de la población saharaui mantiene vínculos jurídicos y documentales derivados de la antigua presencia española en el Sáhara Occidental, un territorio que Naciones Unidas sigue considerando pendiente de descolonización y administrado «de iure» por España.
