La Audiencia Nacional ha rechazado la solicitud de protección internacional presentada por un ciudadano saharaui que alegaba la imposibilidad de tratamiento médico adecuado para su hijo y la discriminación sufrida en Marruecos.
Según la sentencia, el tribunal considera que los hechos expuestos no cumplen los requisitos exigidos para el reconocimiento del asilo ni de la protección subsidiaria, al no acreditarse una persecución individualizada por los motivos previstos en la normativa internacional.
El fallo también subraya que la documentación médica aportada no demuestra la imposibilidad de recibir tratamiento en el país de origen, y recuerda que el derecho a la protección internacional no puede utilizarse como vía para mejorar las condiciones de vida o acceder a servicios sanitarios de mayor calidad.
La resolución cuenta además con un informe desfavorable de ACNUR y confirma la decisión previa del Ministerio del Interior de denegar la solicitud.
El caso se produce en un contexto en el que distintas decisiones judiciales y debates políticos vuelven a situar la situación jurídica de los saharauis en el centro de atención, especialmente en lo relativo a su acceso a la protección internacional.
Más allá del caso concreto, la decisión vuelve a poner de relieve una cuestión de fondo: las dificultades del marco jurídico actual para reconocer la situación específica de los saharauis en el acceso a la protección internacional. En contextos donde la discriminación no siempre se manifiesta de forma individualizada o fácilmente acreditable, este tipo de resoluciones reabre el debate sobre hasta qué punto el sistema es capaz de dar respuesta a una realidad marcada por la inseguridad jurídica y la falta de encaje en las categorías tradicionales del asilo.
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