La condena del Gobierno español al ataque del Frente Polisario contra posiciones militares marroquíes en el Sáhara Occidental confirma algo mucho más profundo que un simple posicionamiento diplomático: España ha decidido alinearse completamente con la potencia ocupante frente al pueblo saharaui.
La antigua potencia administradora del territorio —que nunca transfirió legalmente la soberanía del Sáhara Occidental— actúa hoy como respaldo político de la ocupación marroquí y criminaliza, de facto, la resistencia armada de un pueblo reconocido por Naciones Unidas como pendiente de descolonización.
Mientras Europa legitima la resistencia ucraniana frente a una ocupación extranjera, niega ese mismo principio cuando se trata del pueblo saharaui. El doble rasero resulta cada vez más obsceno.
Cincuenta años después de abandonar el territorio, España no solo sigue sin asumir sus responsabilidades históricas y jurídicas: ahora parece dispuesta a situarse abiertamente contra quienes continúan reclamando el derecho que Naciones Unidas nunca les retiró —el derecho a decidir libremente sobre su tierra y su futuro.