La exclusión de las personas apátridas —entre ellas muchos saharauis— de la regularización extraordinaria aprobada en España abre una cuestión de fondo que va más allá de lo administrativo: revela una anomalía jurídica persistente y una decisión política que evita afrontar la responsabilidad histórica sobre el Sáhara Occidental.
La reciente regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español ha dejado fuera a un grupo especialmente vulnerable: las personas apátridas. Entre ellas, los saharauis. No se trata de un detalle menor ni de un vacío técnico. Es una decisión con consecuencias jurídicas y políticas que merece ser observada con atención.
Diversas voces han advertido ya de esta exclusión. Desde el entorno del Frente Polisario en Catalunya se ha calificado como una “humillación”, mientras que en el ámbito parlamentario también se han registrado críticas y peticiones de rectificación. Más allá de las declaraciones, el dato es claro: quienes no tienen una nacionalidad reconocida quedan fuera de un mecanismo diseñado precisamente para corregir situaciones de irregularidad administrativa.
El problema de fondo no es nuevo. La situación de los saharauis en España está marcada por una anomalía jurídica persistente: muchos de ellos no son considerados plenamente ciudadanos de ningún Estado, pese a la responsabilidad histórica y jurídica que España mantiene sobre el Sáhara Occidental. Esta realidad se traduce, en la práctica, en mayores obstáculos para acceder a derechos básicos, desde la residencia hasta la protección social.
En este contexto, la exclusión de los apátridas de la regularización no puede leerse como un simple criterio administrativo. Tiene implicaciones más profundas. Supone, de hecho, consolidar una diferencia de trato que afecta directamente a una población que, en el caso saharaui, mantiene vínculos históricos evidentes con España.
Desde una perspectiva política, la decisión encaja en una tendencia más amplia: evitar abordar de manera directa la cuestión saharaui en el ámbito interno. La política exterior y la política migratoria convergen aquí en un punto delicado, donde cualquier medida que afecte a los saharauis termina teniendo una lectura que va más allá de lo estrictamente técnico.
El resultado es una paradoja difícil de sostener: mientras se adoptan medidas excepcionales para regularizar a miles de personas, se deja fuera precisamente a quienes encarnan de forma más clara las consecuencias de un proceso de descolonización inconcluso.
Lo ocurrido no es un error de diseño, sino una señal. La exclusión de los saharauis de la regularización revela hasta qué punto la cuestión del Sáhara Occidental sigue condicionando decisiones internas en España. No se trata solo de migración: es, en última instancia, una forma de gestionar —o de evitar— una responsabilidad jurídica y política que sigue sin resolverse.
