El editorial respalda la Ley de Nacionalidad Saharaui y reconoce el abandono cometido por España hace medio siglo, aunque presenta de forma discutible la posición internacional sobre el futuro del Sáhara Occidental.
El diario El País dedica este lunes su editorial a defender la proposición de ley que facilitará el acceso a la nacionalidad española de los saharauis nacidos bajo administración española y de sus descendientes. Bajo el título Deuda pendiente con la historia del Sáhara, el periódico considera que la iniciativa constituye un paso necesario para reparar las consecuencias del abandono español de 1975 y reclama el mayor consenso parlamentario posible.
El pronunciamiento resulta significativo. El editorial reconoce que España dio la espalda a una población que había nacido bajo su bandera, que el plazo concedido en 1976 para optar por la nacionalidad fue insuficiente y que la nueva ley puede empezar a corregir una injusticia mantenida durante cincuenta años. También advierte de que un adelanto electoral podría volver a frustrar su aprobación, como ya ocurrió en la anterior legislatura.
Sin embargo, el texto utiliza la expresión «precipitada descolonización» para describir lo sucedido. No fue simplemente una descolonización rápida o mal gestionada: España abandonó el territorio sin culminar el proceso exigido por Naciones Unidas y lo dejó en manos de Marruecos y Mauritania. La descolonización del Sáhara Occidental continúa pendiente.
Más discutible todavía es la afirmación de que la comunidad internacional se inclina por el plan marroquí de autonomía, algo que, según el editorial, habría sido «ratificado» por el Consejo de Seguridad. La resolución 2797 de octubre de 2025 tomó la propuesta marroquí como base para las negociaciones y consideró que una autonomía auténtica podría representar una salida viable, pero no reconoció la soberanía de Marruecos ni determinó de antemano el resultado final. El propio texto mantiene la exigencia de una solución mutuamente aceptable que garantice la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.
También es cierto que la resolución no recibió votos en contra, como recuerda El País, pero esa formulación oculta una votación mucho menos unánime: fue aprobada por once votos, con tres abstenciones y la decisión de Argelia de no participar.
El editorial acierta al reclamar que España empiece a saldar su deuda con los saharauis. Pero esa reparación no debería descansar sobre una lectura que convierta la autonomía bajo soberanía marroquí en el desenlace ya decidido. La nacionalidad puede corregir parte del daño causado a miles de personas; no sustituye el derecho colectivo del pueblo saharaui a decidir libremente el futuro de su territorio.
