El presidente Pedro Sánchez reconoció que el control fronterizo marroquí falló durante la entrada masiva a Ceuta el 30 de julio. España exige respuestas a Marruecos, enfatizando la importancia de una relación positiva y dignidad en los retornos migrantes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado desde Nueva York que el dispositivo de control fronterizo marroquí «falló» durante la entrada masiva de personas en Ceuta del pasado 30 de julio y que España ha pedido a Rabat «respuestas y acciones».
Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con CNN coincidiendo con la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. RTVE destaca que es la primera vez desde aquellos acontecimientos que Sánchez responsabiliza expresamente al funcionamiento del control fronterizo marroquí.
El presidente mantuvo al mismo tiempo que España necesita una relación positiva con Marruecos y defendió que los retornos deben realizarse respetando la dignidad de las personas migrantes. Sus palabras suponen un cambio respecto a las primeras semanas posteriores a la crisis, cuando el Gobierno evitó atribuir públicamente a Rabat una responsabilidad directa en lo ocurrido.
El Gobierno español ha activado medidas para prevenir cruces irregulares a Ceuta el 23 de septiembre, coincidiendo con elecciones marroquíes, y coordina con Marruecos para gestionar retornos de inmigrantes.
El Gobierno español ha activado mecanismos preventivos ante las convocatorias que circulan en Marruecos para intentar un nuevo cruce irregular hacia Ceuta el próximo 23 de septiembre, coincidiendo con las elecciones legislativas marroquíes. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado que mantiene contacto frecuente con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, tanto para prevenir nuevas entradas como para gestionar los retornos de quienes no tengan derecho a permanecer en España.
Albares ha señalado que no le consta que los llamamientos estén teniendo una gran acogida, pero ha confirmado que se han activado canales de prevención frente a mensajes y campañas de desinformación difundidos en redes sociales. La Embajada española ha advertido además de que entrar irregularmente en Ceuta no garantiza la permanencia en España ni el acceso al resto de la Unión Europea.
Paralelamente, las fuerzas de seguridad marroquíes han reforzado el dispositivo en la zona fronteriza de Fnideq, con miles de agentes, vehículos policiales y controles adicionales, según informaciones publicadas este lunes. El despliegue busca evitar que se repitan los cruces masivos registrados a finales de julio.
Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, critica la actitud de Madrid y Bruselas hacia Marruecos, enfatizando la presión migratoria y su impacto en Canarias, instando a una respuesta clara de España y la UE ante la situación geopolítica.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reclamado a Madrid y Bruselas que abandonen lo que considera una actitud «ingenua» hacia Marruecos y ha advertido de que Canarias se encuentra directamente expuesta a las consecuencias de la nueva configuración geopolítica en el norte de África.
En un artículo de opinión recogido por RTVC, Morales relaciona el creciente respaldo político y militar recibido por Rabat con los Acuerdos de Abraham y con la decisión de Estados Unidos de reconocer en 2020 las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara Occidental. A su juicio, aquella operación reforzó considerablemente la posición de Marruecos en una región donde Canarias constituye la frontera sur de Europa.
El presidente del Cabildo sostiene además que Rabat utiliza la presión migratoria como instrumento de negociación con España y la Unión Europea. «No es un fallo de control, es una demostración de fuerza», afirma Morales, quien considera que Marruecos combina cooperación económica y de seguridad con episodios de presión cuando pretende obtener concesiones.
Morales insiste en que para Canarias esta situación está lejos de ser una cuestión exterior abstracta. Las tensiones regionales se traducen, señala, en llegadas migratorias, presión sobre los servicios públicos y mayores responsabilidades para las administraciones canarias, mientras sigue sin estar suficientemente definida la respuesta que corresponde asumir a España y a la Unión Europea.
Su intervención vuelve a introducir además el Sáhara Occidental como uno de los elementos estructurales de la relación entre España, Marruecos y Canarias, en un momento en el que el incremento de los apoyos internacionales a Rabat está modificando los equilibrios políticos y militares de la región.
Human Rights Watch ha reclamado al Gobierno español una respuesta urgente ante la situación de miles de migrantes y solicitantes de asilo que permanecen en Ceuta después de las entradas masivas desde Marruecos registradas a finales de julio. La organización pide alojamiento adecuado, información sobre el derecho de asilo y evaluaciones individuales de todas las personas afectadas.
Una delegación de HRW visitó Ceuta entre el 15 y el 18 de agosto y entrevistó a 76 migrantes. La organización constató que numerosas personas continúan viviendo en playas, calles, zonas industriales y asentamientos improvisados, mientras las plazas habilitadas por las autoridades resultan insuficientes. Entre los casos más preocupantes señala la situación de mujeres y menores y recoge denuncias de agresiones sexuales.
HRW advierte además de que, al 20 de agosto, no había observado indicios de que se hubieran iniciado evaluaciones individuales generalizadas de las personas adultas. Aunque la mayoría de quienes llegaron serían ciudadanos marroquíes, la organización entrevistó también a personas procedentes de Sudán, Somalia, Chad, Senegal, Yemen, Siria, Argelia y otros países, algunas de las cuales manifestaron su intención de solicitar protección internacional.
La organización recuerda que España está obligada por el derecho europeo e internacional a evitar expulsiones colectivas, examinar las solicitudes de asilo y garantizar una protección específica a los menores no acompañados. Su informe introduce así la dimensión humanitaria y jurídica de una crisis que durante estas semanas ha estado dominada sobre todo por el debate político y de seguridad en torno a Marruecos y Ceuta.
Marruecos, a través de su ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, evalúa suspender el acuerdo de extradición con España por disputas sobre repatriaciones y menciona la necesidad de «abrir las fronteras».
El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, confirmó a EFE que Rabat estudia suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España por discrepancias en la entrega de personas reclamadas por los tribunales marroquíes.
Las declaraciones fueron más allá de las extradiciones. Ouahbi vinculó también la disputa con los procedimientos de repatriación y cuestionó que Marruecos continúe impidiendo las salidas migratorias mientras, según su versión, España acepta o regulariza posteriormente a quienes consiguen llegar. Su razonamiento culminó con una frase especialmente significativa: «Abramos entonces las fronteras».
Las palabras llegan pocas semanas después de la entrada masiva en Ceuta y vuelven a situar el control migratorio como elemento de la relación política entre Madrid y Rabat. NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL analiza el alcance de unas declaraciones que trascienden la controversia estrictamente judicial.
Marruecos atribuye la entrada masiva en Ceuta a factores externos como sentencias y redes sociales, eludiendo su responsabilidad, aunque esto no justifica cómo permitió el flujo masivo de inmigrantes.
Marruecos ya tiene una explicación oficial para la entrada masiva en Ceuta: Rabat no presionó, no chantajeó, no relajó los controles y tampoco tenía por qué prever lo que iba a suceder. La responsabilidad estaría, en cambio, en una sentencia del Tribunal Supremo español, en las redes sociales, en las mafias y en el supuesto «efecto llamada» provocado por la dificultad de ejecutar devoluciones en caliente.
La versión tiene una ventaja evidente para Mohamed VI: Marruecos desaparece prácticamente como actor de una crisis que comenzó precisamente en su territorio. Rabat asegura que avisó a España de las consecuencias de la sentencia, que sus fuerzas de seguridad no podían enfrentarse a decenas de miles de personas para evitar daños y que después actuó como «aliado fiable», recuperando el control y aceptando los retornos. Es decir, pudo cerrar con rapidez una frontera que, según sostiene ahora, nunca había dejado deliberadamente abierta.
Y ahí continúa la pregunta que Marruecos tampoco responde. Las redes sociales, las mafias o una sentencia española pueden ayudar a explicar por qué miles de jóvenes quisieron llegar a Ceuta. No explican por sí solas cómo decenas de miles pudieron concentrarse, desplazarse y alcanzar una de las fronteras políticamente más sensibles y vigiladas del reino sin que el aparato de seguridad marroquí pudiera impedirlo. Menos todavía cuando ese mismo aparato demostró después que sí tenía capacidad para restablecer el control.
Rabat pide ahora que se crea que todo fue espontáneo y que España provocó involuntariamente el «efecto llamada». Es una versión que descarga cualquier responsabilidad política marroquí justo cuando en España se pregunta quién pudo haber «consentido» lo ocurrido y dirigentes europeos hablan de «instrumentalización de la migración» y «amenazas híbridas». Marruecos ha dado su explicación. Que explique también por qué aquella frontera dejó de funcionar precisamente cuando más necesitaba hacerlo.
Dirigentes europeos advierten sobre un «ataque» en la crisis de Ceuta, cuestionan la cooperación con Marruecos y reclaman respuestas coordinadas ante la instrumentalización migratoria.
Una carta firmada por Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Mette Frederiksen, Petteri Orpo, Donald Tusk y otros dirigentes europeos describe lo ocurrido como un «ataque», incluye la instrumentalización migratoria entre las amenazas híbridas y reclama evaluar la eficacia de la cooperación de la Unión Europea con Rabat.
La crisis de Ceuta ha dado un nuevo salto político en Europa. Una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, António Costa; a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y a la presidencia irlandesa del Consejo de la UE utiliza un lenguaje que sitúa los acontecimientos mucho más allá de una simple crisis migratoria.
Entre los firmantes figuran dirigentes como Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Mette Frederiksen, Petteri Orpo y Donald Tusk, junto a responsables de numerosos Estados miembros. La presencia de algunos gobiernos que habían reaccionado con especial dureza ante la gestión española de la crisis resulta significativa: pese a sus diferencias con Madrid, el documento reconoce que Ceuta forma parte de la frontera exterior de la Unión y que su protección constituye una responsabilidad europea compartida.
La carta sostiene que la reciente sentencia del Tribunal Supremo español «ha sido utilizada para desencadenar este ataque» y, unas líneas después, introduce una expresión especialmente relevante:
«No podemos permitir cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas».
La formulación supone un cambio importante en la caracterización política de lo sucedido. Los firmantes ya no hablan únicamente de inmigración irregular: sitúan expresamente la instrumentalización de la migración dentro del ámbito de las amenazas híbridas.
El documento no identifica, sin embargo, al responsable de esa instrumentalización. Marruecos aparece posteriormente cuando los dirigentes europeos celebran la cooperación entre Madrid y Rabat para devolver a quienes cruzaron la frontera y, sobre todo, cuando reclaman que los ministros del Interior examinen «la eficacia de la cooperación de la UE con Marruecos».
La secuencia resulta significativa: Europa habla de ataque, de instrumentalización migratoria y de amenazas híbridas, al mismo tiempo que plantea revisar la eficacia de una cooperación fronteriza con Marruecos de la que depende buena parte de su política migratoria en el Mediterráneo occidental.
Los firmantes reclaman ahora una reunión extraordinaria de los ministros del Interior y una respuesta europea coordinada, incluido un posible refuerzo de Frontex. También advierten de que podrían reintroducirse temporalmente controles en las fronteras interiores si se produjeran movimientos secundarios hacia otros Estados miembros.
La carta no acusa formalmente a Marruecos de haber provocado la crisis. Pero sí introduce una cuestión que será difícil eludir en el debate europeo: si lo ocurrido en Ceuta constituye una amenaza híbrida basada en la instrumentalización de la migración, habrá que determinar quién dispone de la capacidad para utilizar esa herramienta y con qué objetivos.
Fuente: Carta de dirigentes europeos a António Costa, Ursula von der Leyen y la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea sobre la crisis de Ceuta, 1 de agosto de 2026.
España y Marruecos atribuyen la llegada de jóvenes a redes de tráfico, mientras ambos gobiernos destacan su cooperación. Sin embargo, las fuerzas marroquíes se retiraron cuando cientos de jóvenes marroquíes intentaron cruzar la frontera, evidenciando carencias en el control.
El Gobierno moviliza al Ejército y Sánchez anuncia su viaje a la ciudad, mientras Madrid continúa elogiando la cooperación de Marruecos pese a la retirada de sus agentes durante el avance masivo.
ACTUALIZACIÓN · 21:30
El Gobierno ha decidido movilizar al Ejército de Tierra desplegado en Ceuta para reforzar a las fuerzas de seguridad después de que la entrada masiva desde Marruecos desbordara la frontera y los recursos de acogida. Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tienen previsto desplazarse a la ciudad autónoma para seguir la crisis sobre el terreno.
La gravedad de la situación se refleja también en el balance humano. Las últimas informaciones elevan a nueve el número de cuerpos recuperados durante los intentos de entrada de los últimos días, mientras continúan las operaciones de rescate y atención a las personas que han alcanzado Ceuta.
La intervención del Ejército y el viaje del presidente confirman que no estamos ante una incidencia migratoria ordinaria. La crisis ha alcanzado una dimensión nacional precisamente mientras el Gobierno sigue calificando de «ejemplar» la cooperación con Marruecos y evita exigir explicaciones públicas por la retirada de los agentes marroquíes ante el avance de cientos de personas.
Miles de jóvenes marroquíes se concentraron este jueves en Castillejos para intentar alcanzar Ceuta. Cientos cruzaron por tierra o bordearon a nado el espigón del Tarajal, desbordando a la Guardia Civil, a la Policía y a los servicios de acogida de la ciudad.
España y Marruecos han respondido con una versión común. Ambos gobiernos atribuyen las llegadas a redes criminales que estarían aprovechando una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en el mar. También han acordado agilizar la entrega a Marruecos de quienes hayan entrado irregularmente y han calificado su colaboración de «ejemplar».
Pero esa explicación no resuelve lo ocurrido en la frontera. Según la información difundida por EFE y recogida por distintos medios, cientos de jóvenes saltaron unas protecciones que no estaban custodiadas y los agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes se retiraron al aproximarse la multitud. La Marina Real participó en rescates e interceptaciones en el mar, pero la cooperación posterior no borra la inhibición observada en tierra cuando se produjo el avance masivo.
No hace falta acreditar una orden secreta de Rabat para señalar la responsabilidad política marroquí. Las personas partieron desde costas y localidades sometidas a un intenso control policial, se concentraron durante horas junto a la frontera y avanzaron ante la retirada de quienes debían contenerlas. Presentar todo eso como una consecuencia casi automática de una sentencia española significa aceptar sin demasiadas preguntas el relato construido por Marruecos.
El precedente de mayo de 2021 impide considerar ingenuamente estos acontecimientos. Entonces, Rabat relajó los controles después de que España acogiera a Brahim Ghali y miles de personas entraron en Ceuta. La frontera quedó convertida en una herramienta de presión diplomática cuya eficacia dependía precisamente de que Marruecos pudiera abrirla y volver a cerrarla.
La reacción del Gobierno español vuelve a mostrar esa dependencia. Mientras Ceuta reclama ayuda y sus servicios se encuentran saturados, Interior agradece a Marruecos sus esfuerzos y evita cuestionar públicamente la retirada de sus agentes. Madrid necesita que Rabat vuelva a controlar la salida de sus ciudadanos y, por esa razón, llama «cooperación ejemplar» a una relación en la que Marruecos conserva el poder de provocar —o detener— la crisis.
Fuentes: Agencias
On the “throne day” Morocco’s King stated yesterday that: “All that has ever mattered to me…is to enable all Moroccans to live a free, dignified life”. Today the world has seen hundreds of Moroccans crossing to Spanish Ceuta fleeing their “free, dignified life”! This is… pic.twitter.com/XlnEYb13WV
Un reportaje de El Salto destaca las dificultades que enfrentan los saharauis en España para obtener el estatus de apatridia y regularizar su situación. La exclusión del nuevo proceso de regularización ha generado frustración, con esperas de varios años y falta de información. Muchas personas apátridas son saharauis, consecuencia del conflicto en el Sáhara Occidental.
Un reportaje publicado por El Salto vuelve a poner el foco sobre las dificultades que afrontan muchas personas saharauis en España para acceder al estatuto de apatridia y regularizar su situación administrativa.
El artículo explica cómo la exclusión de las personas apátridas del nuevo proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno español ha generado frustración entre numerosos saharauis, que continúan atrapados durante años en procedimientos lentos, inciertos y sin garantías suficientes de acceso a derechos básicos.
El reportaje recoge testimonios de solicitantes saharauis que denuncian esperas de hasta dos o tres años sin permiso de trabajo, sin información clara sobre el estado de sus expedientes y dependiendo únicamente de justificantes administrativos provisionales. También analiza las críticas de asociaciones saharauis y juristas al funcionamiento del sistema de apatridia en España.
El texto recuerda además que buena parte de las personas apátridas reconocidas actualmente en España son saharauis, consecuencia directa de la situación política y jurídica derivada del abandono español del Sáhara Occidental y de la prolongación del conflicto desde 1975.
Una investigación publicada por el medio francés Blast cuestiona el papel de determinadas redes de influencia ligadas a la obtención irregular de visados Schengen desde Rabat.
Una amplia investigación publicada por el medio francés Blast junto al medio checo Seznam Zprávy ha vuelto a situar a Marruecos en el centro de un delicado debate europeo sobre migración, diplomacia e influencia política.
El reportaje sostiene que durante años una red franco-marroquí habría facilitado la obtención irregular de visados Schengen a través de la embajada checa en Rabat, utilizando perfiles de supuestos turistas marroquíes que posteriormente terminaban viajando hacia Francia. La investigación apunta además a conexiones políticas y empresariales de alto nivel alrededor del entonces primer ministro checo Andrej Babiš.
Uno de los aspectos más sensibles del caso es que, según la investigación, las autoridades marroquíes habrían tenido conocimiento de parte de estas actividades gracias a grabaciones y seguimientos realizados dentro del entorno diplomático checo en Rabat.
Más allá de las responsabilidades individuales que puedan derivarse del caso, el escándalo vuelve a alimentar un debate cada vez más presente en Europa: hasta qué punto determinadas relaciones privilegiadas con Marruecos terminan generando zonas grises políticas, diplomáticas y migratorias difíciles de abordar públicamente.
El asunto reaparece además en un momento especialmente sensible para las relaciones euro-marroquíes, marcadas por cuestiones ligadas a seguridad, migración, influencia regional y presión diplomática en torno al Sáhara Occidental.
La exclusión de las personas apátridas —entre ellas muchos saharauis— de la regularización extraordinaria aprobada en España abre una cuestión de fondo que va más allá de lo administrativo: revela una anomalía jurídica persistente y una decisión política que evita afrontar la responsabilidad histórica sobre el Sáhara Occidental.
La reciente regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español ha dejado fuera a un grupo especialmente vulnerable: las personas apátridas. Entre ellas, los saharauis. No se trata de un detalle menor ni de un vacío técnico. Es una decisión con consecuencias jurídicas y políticas que merece ser observada con atención.
Diversas voces han advertido ya de esta exclusión. Desde el entorno del Frente Polisario en Catalunya se ha calificado como una “humillación”, mientras que en el ámbito parlamentario también se han registrado críticas y peticiones de rectificación. Más allá de las declaraciones, el dato es claro: quienes no tienen una nacionalidad reconocida quedan fuera de un mecanismo diseñado precisamente para corregir situaciones de irregularidad administrativa.
El problema de fondo no es nuevo. La situación de los saharauis en España está marcada por una anomalía jurídica persistente: muchos de ellos no son considerados plenamente ciudadanos de ningún Estado, pese a la responsabilidad histórica y jurídica que España mantiene sobre el Sáhara Occidental. Esta realidad se traduce, en la práctica, en mayores obstáculos para acceder a derechos básicos, desde la residencia hasta la protección social.
En este contexto, la exclusión de los apátridas de la regularización no puede leerse como un simple criterio administrativo. Tiene implicaciones más profundas. Supone, de hecho, consolidar una diferencia de trato que afecta directamente a una población que, en el caso saharaui, mantiene vínculos históricos evidentes con España.
Desde una perspectiva política, la decisión encaja en una tendencia más amplia: evitar abordar de manera directa la cuestión saharaui en el ámbito interno. La política exterior y la política migratoria convergen aquí en un punto delicado, donde cualquier medida que afecte a los saharauis termina teniendo una lectura que va más allá de lo estrictamente técnico.
El resultado es una paradoja difícil de sostener: mientras se adoptan medidas excepcionales para regularizar a miles de personas, se deja fuera precisamente a quienes encarnan de forma más clara las consecuencias de un proceso de descolonización inconcluso.
Lo ocurrido no es un error de diseño, sino una señal. La exclusión de los saharauis de la regularización revela hasta qué punto la cuestión del Sáhara Occidental sigue condicionando decisiones internas en España. No se trata solo de migración: es, en última instancia, una forma de gestionar —o de evitar— una responsabilidad jurídica y política que sigue sin resolverse.
